jueves, 18 de marzo de 2010

Los procedimientos administrativos laborales en materia de Seguridad Social

Partiendo de un principio fundamental donde se entiende que la Seguridad Social es un derecho que todos como personas podemos acceder libremente, por lo menos a una protección básica para satisfacer un estado de necesidad y es obligación del Estado proporcionar recursos financieros y servicios médicos a las persona impedidas por enfermedad o por accidente.

Tal como lo expreso el Prócer de la Independencia y la integración latinoamericana Simón Bolíva, en el discurso de Angostura (15 de febrero de 1819) dijo: "El sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política".

En este orden de ideas, el Estado debe ejecutar políticas sociales que garanticen y aseguren el bienestar de los ciudadanos en determinadas áreas como el de la sanidad, la educación, vivienda y en general todo el espectro posible de seguridad social. Estos programas gubernamentales (Misión Milagro, Misión Sucre, Misión Vivienda, Misión Barrio Adentro, entre otras que ha desarrollado el actual gobierno), financiados con los presupuesto estatales deben tener carácter gratuito ya que procedentes de las arcas o fisco Nacional, los cuales a su vez, son obtenidos por las imposiciones fiscales que el Estado grava a los ciudadanos y la renta petrolera. En este sentido, el Estado de bienestar lo que hace es realizar una redistribución de la riqueza, donde las clases inferiores de una sociedad son las más beneficiadas por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios ingresos.

Para establecer un mecanismo de control y proporcionar herramientas de ayuda y dirección para los solicitantes a esta ayuda, el Estado dicta Leyes en los sectores sociales donde proporciona el beneficio tales como: Ley Orgánica del Sistema de Seguro Social, Ley de Ahorro Habitacional, Ley Orgánica de Prevención Condiciones y del Medio Ambiente del Trabajo, etc.; así como también los reglamentos que regulan la actividad de manera mas específica y concreta. Pero aunque esto actos dirigidos por el Estado son muy loables ya que le permite al individuo proporcionar niveles de vida más dignos para él y su grupo familiar, éste debe implementar método de control mas exhaustivos y rigurosos para no se desvirtué la naturaleza del mismo al momento de llegar a sus beneficiarios, y no sean objeto de malversaciones impropias, cobro de comisiones indebidas o dicho beneficio se quede en las manos de los intermediarios y no llegue al beneficiario como ha sido el caso de algunas misiones.

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